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Plan Nacional de Reformas Sociales para 2017

II. ASPECTOS SOCIALES PREVISTOS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS 2017

Algunas recomendaciones específicas contempladas en el Programa se refieren a los ámbitos que aquí nos interesan:

- Se incide en la intensa creación de empleo y progresiva reducción del desempleo, que deben mucho a la reforma del mercado de trabajo (puesto que ha reducido el umbral de crecimiento a partir del cual la economía española crea empleo), lo que ha beneficiado a colectivos con mayores problemas de inserción laboral (jóvenes, desempleados de larga duración o menos formados) y se refleja en la creación de empleo indefinido, las reformas en materia de negociación colectiva, que han permitido mantener la moderación salarial.

- La mejora de las políticas de empleo y la inserción laboral se ha realizado a través de un instrumento clave como es la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, el impulso adicional dado al Sistema de Garantía Juvenil, y la continuidad del Portal Único de Empleo, así como la mayor colaboración entre el Servicio Público de Empleo y las Agencias Privadas de Colaboración.

- El sistema de renta mínima, que se ha revisado, complementa la protección por desempleo, lo que contribuye a la progresiva reducción de la desigualdad, lo mismo que el apoyo a las familias numerosas, la lucha contra la pobreza infantil y una estrategia para personas sin hogar.

Como se ha dicho, una gran parte de las reformas estructurales a nivel nacional previstas tienen carácter social. Concretamente:

1) Creación de empleo e inclusión social

En 2016 y por tercer año consecutivo, España está entre los países de la zona euro que lideran la creación de empleo y la reducción del paro, por lo que consolidar esa tendencia se convierte en prioridad, y además debe propiciarse que el empleo sea inclusivo y de mayor calidad.

Para ello, en 2017 se podrán adoptar medidas como:

a) Renovar la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020.

b) Aprobar el Plan Anual de Política de Empleo 2017.

c) Implantar protocolos de desarrollo de la Cartera Común de Servicios con las CCAA.

d) Revisar el Acuerdo Marco de Colaboración con Agencias Privadas de Colocación.

e) Desarrollar la Ley de reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

f) Aprobar una nueva Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2017-2020.

g) Avanzar en el desarrollo del programa de Acción Conjunta para desempleados de larga duración.

h) Introducir la “tarjeta social” que recoja las prestaciones y asistencias sociales de cada individuo por las distintas Administraciones públicas.

i) Implantar el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2016-2020, crear el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, dentro de él, la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.

j) Mejorar el Régimen de Trabajadores Autónomos e impulsar la actividad emprendedora.

k) Fomentar la formación digital.

l) Mejorar la calidad del empleo público y reducir la temporalidad.

m) Poner en marcha una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

n) Mantener el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017 y la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020.

ñ) Revisar los sistemas de ingresos mínimos y confeccionar un mapa de recursos y prestaciones sociales.

o) Reforzar la coordinación servicios de empleo-servicios sociales con una Red de Inclusión Social.

2) Reformas a largo plazo: pensiones

En 2016 se han aplicado medidas para la sostenibilidad de las pensiones (revalorización mínima del 0,25%, aumento del número de afiliados a la Seguridad Social en relación al de pensionistas), y desde 2011 se han llevado a cabo reformas estructurales relevantes (factor de sostenibilidad de las pensiones o índice de revalorización, entre otros).

Pero los cambios demográficos, sociales y laborales exigen adoptar acuerdos con las fuerzas políticas y los agentes sociales en relación con el futuro del sistema de pensiones, para lo que el Gobierno ha convocado el Pacto de Toledo, que está estudiando un documento del Gobierno sobre la viabilidad y sostenibilidad del sistema

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