Ley propuesta trata de resolver los principales problemas de fondo a que se enfrentan los autónomos, de tipo social y fiscal: trabas administrativas, elevados costes de sus obligaciones formales con Hacienda y Seguridad Social, cargas económicas elevadas en relación a la incertidumbre de sus ingresos, protección social muy inferior a la de los salariados, mayor dificultad para conseguir financiación y mayor carga financiera del IVA. E intenta abordar las reformas estructurales necesarias para afrontarlos.
